Operación Cuneta
Columna publicada en LA NACION y escrita tras el impasse entre la ministra de cultura y la organizacion SCD que sostuvieron una reunión a escondidas. Bueno, en realidad fue el Viera-Gallo que armó la ‘movida’ y la “transa de la merca”.
En medio de la tormenta financiera, el Congreso estadounidense y la Casa Blanca no encontraron nada mejor que proclamar una ley que impulsa una operación cuneta global. Y como se estila, la operación -como tantas otras- rebalsa los límites nacionales. O sea, y aunque suene agotador, debemos nuevamente estar en alerta.
Todos saben que detrás de cada propuesta de ley pulula la presión de los grupos de interés y que detrás de cada movilización de recursos fiscales y política pública existe alguien que da la orden. Claro, a nivel local, porque cada país defiende su venerable soberanía con entusiasmo y, asimismo, a sus lobbistas.
No obstante, la nueva ley The Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act of 2007 -más conocida como PRO-IP ACT- otorga suculentos beneficios a las industrias transnacionales de Hollywood, de la moda, las farmacéuticas, las biotech, las discográficas, las tecnológicas y las de semillas, libros y repuestos de autos sólo para nombrar a algunas: mientras usted compraba un libro en la cuneta, se probaba la última moda en su tienda o vitrineaba carteritas luis guatón o -si prefiere- buscaba información sobre la enfermedad de su abuela en internet, ayudaba a su hijo con las tareas en un computador, escuchaba su canción favorita en YouTube, comía una ensalada transgénica y degustaba un bife lleno de hormonas y antibióticos, lentamente se tejía la red para convertirnos a todos en criminales en potencia.
Cuando se usan los términos Big Pharma, Big Oil o Big Tobacco normalmente se refiere a los grupos de lobby más poderosos de Washington, que tienen como modelo presionar al Gobierno y al Congreso para pasar o rechazar diferentes leyes. Estas asociaciones de industrias también hacen campañas que “informan” a la sociedad sobre las bondades de las empresas. Por ejemplo, la industria del espectáculo bajó el liderazgo de MPAA y RIAA, sólo en 2007 y en lo que va de 2008 ha apoyado a los dos partidos políticos en EEUU con 20 millones de dólares. Hace poco se estimó que, de sus ventas, Big Pharma destinaba el doble a promocionar sus productos en comparación con el monto para investigación y desarrollo. En 2006, las ventas de las empresas estadounidenses en Big Pharma superaron los 300 mil millones de dólares. Pero el modelo y el poder de estas asociaciones y alianzas no se limitan a lo meramente nacional.
En 2007, 29 organizaciones y empresas dueñas de “contenidos” en el mundo, fundaron The Copyright Alliance, más conocida en jerga común como Big Copyright. Entre sus integrantes figuran las poderosas asociaciones discográficas, editoriales y de cine, como así también las empresas Microsoft, Viacom y Walt Disney. Ilustrando su papel esencial para la economía de EEUU y según sus cálculos, las industrias ligadas al copyright (derecho sobre las obras) estarían generando once millones de puestos de trabajo. Quizás parezca curioso que se asocien industrias tan diferentes como la casa del Pato Donald y el castillo de WordExcel, pero todas persiguen el mismo objetivo: que sus derechos sean defendidos con todo el poder disponible del aparato estatal de EEUU, tanto nacional como internacionalmente.
Por eso, además de lograr que la ley PRO-IP ACT aumentara drásticamente los castigos civiles y criminales relacionados con violaciones de las marcas registradas y copyright, big copyright exige que la protección de sus intereses comerciales sea una prioridad en los acuerdos internacionales de EEUU. Este dato es significativo. La Casa Blanca señaló que la relación entre la seguridad nacional y la nueva ley PRO-IP ACT fue un tema decisivo para que el Presidente George W. Bush firmara la ley, porque “las redes de los terroristas usan las ventas de productos pirateados para financiar sus operaciones”.
La ley PRO-IP ACT crea una nueva oficina ejecutiva en la Casa Blanca encargada de coordinar todos los temas que involucran la propiedad intelectual de EEUU y la aplicación de la ley. Además de un plan estratégico, el nuevo zar del copyright -nominado por el Senado y que se reportará directamente a la Presidencia- tiene la autorización para enviar funcionarios a otros países para que asistan en allanamientos y en la persecución de criminales del pirateo.
Aunque big copyright no consiguió que el Departamento de Justicia de EEUU pusiera a sus abogados a disposición para que inicien juicios a los piratas del ciber y así abaratar sus costos legales, el Departamento tendrá una nueva división exclusivamente dedicada a monitorear la protección de la propiedad intelectual. Con todo, la ley es sólo otro paso más en la expansión de la lógica planetaria de la propiedad intelectual.
Hace pocos meses se allanaron las oficinas de la empresa sueca The Pirate Bay (que sin cobros dejaba que se intercambiaran canciones en su página) y se confiscaron sus equipos y servidores. En un comienzo, la ofensiva anti-piratería de la policía sueca parecía ser regular aunque bastante escandalosa. Pero pronto se supo que el mismo jefe investigador trabajaba desde antes de que se iniciara la investigación para la empresa demandante: Warner Brothers.
Las presiones también llegaron a la Organización Mundial de Aduanas y sus 174 países integrantes.
Según el entonces secretario general de la OMA, Michel Danet, era urgente implementar reglas más rigurosas en la protección de la propiedad intelectual en las fronteras, porque el tema ha sido identificado como “una prioridad” por parte del G-8. Además, las nuevas pautas vendrían a “complementar” el acuerdo mundial de TRIPS -World Trade Organization-Related Aspects of Intellectual Property Rights- que no le exige a las aduanas incautar productos que contengan alguna parte pirateada.
O sea, en medio de una epidemia de tráfico de drogas y armas quieren buscar productos piratas.
Desde luego, los países “menos desarrollados” de las Américas reclamaron. Ecuador señaló que cualquier iniciativa debe ser acordada bajo una perspectiva socioeconómica, en particular en los ámbitos de innovación tecnológica, acceso al conocimiento y la salud pública. Brasil instó a que se incluyera una protección medioambiental donde la aduana tuviera la autoridad legal para actuar en casos sospechosos que involucren recursos genéticos, la malversación de especies biológicas y conocimiento tradicional.
Hace un año, Big Copyright organizó una conferencia en el Capitolio donde los dos encargados y negociadores de EEUU en temas de la propiedad intelectual, Victoria Espinel (la parte comercial) y Chris Israel (coordinador internacional) dijeron que “una vez que se pone este tema sobre la mesa y cuando los países dedican recursos para defender la propiedad intelectual, existen expectativas que llegará más inversión” y que por eso es necesario alentar a los países para que también se crean “innovadores” y así “sientan que también ganan con un sistema mundial en cuanto menos sea un ‘tema de EEUU’, mejor para EEUU”. Poco después ingresó la propuesta de PRO-IP ACT al Congreso.
En junio de 2008 se puso en marcha la Operación Tornillo, donde países africanos como Egipto, Ghana, Marruecos, Nigeria, Túnez y Senegal participaron en una serie de allanamientos simultáneos en sus puertos, en busca de “medicamentos falsos, comida, repuestos, cigarros, artículos básicos, géneros, CD y DVD”, según informa la OMA.
Con la operación cuneta no solamente se protege los derechos de las empresas que mantienen modelos de negocios añejos, sino que nos queda claro que a estas compañías -mediante el Gobierno de EEUU- les importa sobremanera qué pasa con sus vecinos del patio trasero.
